LA CULTURA DEL COMPLIANCE Y SU ROL FRENTE A LA CRISIS SOCIAL
Recuperar la confianza en las instituciones públicas y privadas es uno de los mayores desafíos que hoy enfrentamos como sociedad. A cuatro meses de la crisis socio- política que vive el país, una de las demandas por las que clama gran parte de la ciudadanía es el fin de la impunidad en los delitos de corrupción y colusión ampliamente conocidos como “delitos de cuello y corbata”.
Según una investigación de la Fiscalía Nacional Económica, de todos los casos de fraude y corrupción que se han venido conociendo en los últimos años, la colusión de las farmacias y del papel higiénico son los que han impactado más profundamente a la sociedad chilena puesto que en ambos casos se trata de productos básicos.
El clima social ha llevado a anunciar una serie de medidas que serán parte de la “agenda anti-abusos” con el fin de combatir con mayor severidad, incluso aumentando las penas con cárcel efectiva para los delitos de colusión, cuando los bienes afectados sean de primera necesidad, como medicamentos o alimentos.
Sin embargo, más allá de las voces críticas surgidas a esta agenda que se estima insuficiente, cabe preguntarse si la confianza y la legitimidad de las instituciones puede ser restablecida sólo con leyes que aumenten las penas.
Fortalecer el sistema penal en esta materia, claramente más laxa en sanciones a diferencia de otros delitos como el robo o hurto, representará un avance siempre y cuando se cumpla efectivamente con la finalidad anunciada y esperada. En efecto, los bienes jurídicos protegidos en juego, tanto en el ámbito público como en el privado tales como los deberes fiduciarios, la fe pública o la probidad, cuando son transgredidos implican una traición a la posición de confianza depositada en las instituciones. La impunidad genera que el ciudadano se sienta desamparado por el Estado, los empresarios y las autoridades y perciba que los valores subyacentes a las normas jurídicas no son respetados por la misma élite que las dicta.
Sin embargo, la evidencia comparada demuestra que más allá del cumplimiento formal de las normas, la ética y las buenas prácticas, juegan un rol fundamental para asegurar una adecuada prevención de estas conductas al interior de las organizaciones permitiendo retomar lentamente la confianza perdida y deslegitimada en el sistema. En otras palabras, las empresas y el Estado deben internalizar que más allá del temor a las sanciones penales y sociales, existe hoy una oportunidad de mejorar el descrédito y la desconfianza instalada para mejorar su posicionamiento ante la ciudadanía adoptando e integrando valores corporativos basados en el comportamiento ético y mejores prácticas de negocios. Es decir, instalar una cultura del compliance dentro del quehacer diario de nuestras instituciones.
De acuerdo a las legislaciones más recientes dictadas en la región y a la experiencia comparada existe consenso de los elementos mínimos que resultan determinantes para lograr este objetivo: a) alto compromiso de la administración; b) normativa interna clara y aplicable; c) sistema efectivo de gestión y controles de riesgos; d) oficial de cumplimiento con autonomía; e) procedimientos de investigación eficaces; y e) capacitación y difusión permanente. El mensaje de una cultura de compliance eficaz instalada en una organización es claro: las conductas contrarias a los valores corporativos con relación a la corrupción no se toleran independiente del nivel o cargo que ocupe en la empresa el infractor.
Un ejemplo ilustrativo de lo anterior, lo encontramos en el caso Morgan Stanley ocurrido en 2012 en Estados Unidos. Un importante ejecutivo admitió ante la Securities and Exchange Comimsison (SEC) haber violado las leyes anticorrupción y evadido todos los controles y políticas de la empresa. Tanto la SEC como el Departamento de Justicia estimaron que los programas de compliance en contra de la corrupción estaban debidamente diseñados e implementados, por lo que la compañía fue exonerada de responsabilidad civil y penal, por haberse tratado de una práctica aislada y contraria al interior de la organización por parte del ejecutivo quien, por el contrario, además de ser apartado de la compañía, fue condenado a nueve meses de prisión y al pago de una elevada multa.
¿Cuán lejos estamos del caso Morgan Stanley en nuestro país para que volvamos a recuperar la confianza y credibilidad en las instituciones?